Ciclistas, atletas, pilotos de motocros, boxeadores, piragüistas, casi todos ellos deportistas máster, con edades de entre 35 y 50 años. Este es el perfil de la lista de hasta 275 “clientes” de una red de tráfico de EPO desarticulada por la Guardia Civil y que solo en tres años pudo embolsarse 1,5 millones de euros.

“Clientes” españoles y extranjeros (algunos militaban en categorías más profesionales) que realizaban sus pedidos desde páginas web y que recibían en sus domicilios inyectables de Eritropoyetina (EPO) desviados del circuito legal, con el consiguiente fraude a la sanidad pública.

Responsables de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explican a EFE el desarrollo de la operación “Hipoxianet”, el nombre que quisieron ponerle para unir hipoxia (falta de oxígeno) con internet, el medio donde la red ofertaba la “mercancía” que, administrada sin control, puede causar un grave riesgo para la salud del consumidor.

Con la EPO entra más oxígeno a la sangre y, por tanto, baja la fatiga y sube el rendimiento. Pero ¡ojo!. Como la sangre se vuelve más densa y tiene dificultades para circular por los capilares, el riesgo de sufrir un ictus o un infarto aumenta.

La operación comenzó cuando en los contactos que habitualmente tienen los investigadores con los diferentes actores del mundo del deporte alguien mencionó una página web (www.epototal.eu) cuyo nombre había salido precisamente en otras pesquisas, aunque de forma marginal.

Así se inició una investigación por parte de la UCO que se centró en dos nombres: el serbio Nicola y el español Sergio. Otro serbio, Alex, se revelaba también como la persona que hace casi una década comenzó el “negocio” con Sergio, a quien conoció en Barcelona de forma casual en una convención.

Nicola (que sustituyó a Alex) y Sergio tenían muy bien repartidos sus papeles. Desde la Ciudad Condal el primero recibía el pedido e indicaba al cliente los datos de las cuentas donde debía hacer la transferencia bancaria, radicadas en Austria, Chipre y Eslovaquia.

Hasta que el comprador no le mandaba el justificante del ingreso, no procedía al envío de los inyectables, del que se encargaba Nicola si era internacional y Sergio si era nacional.

Los encargos se hacían a través de páginas web con servidores alojados en países como Islandia o Rusia o en paraísos fiscales como Nueva Jersey.

Desde 150 euros el inyectable de menos carga (se mide en unidades internacionales y la más habitual es de 2.000 unidades) hasta 400 euros era lo que cobraban a los clientes, que en algún caso realizaron pedidos de hasta 3.000 euros, por lo que no se descarta que su destino era el dopaje de algún equipo deportivo completo.

Los deportistas que quieren acceder a estas sustancias dopantes eligen los inyectables con menos carga porque manejan mejor la dosis a inyectar, que mezclan con hierro (también inyectable) para potenciar la acción de la EPO. Por eso, la red desmantelada también atendía esa demanda.

Esta organización disponía de otras páginas web para ofertar anabolizantes con diferentes cargas y precios. Todo un catálogo bien organizado, pero que no mezclaban con la oferta de EPO.

¿Cómo se hacían con los inyectables? El “modus operandi” no era muy complicado, como explican a EFE los investigadores de la Sección de Salud Pública y Dopaje de la UCO.

Sergio era la persona encargada de la administración en una clínica privada de diálisis en Cádiz, concertada con la Seguridad Social y autorizada para dispensar Eritropoyetina a los enfermos que necesitan ese tratamiento (1.000 unidades internacionales generalmente) tras la sesión de diálisis.

A ella llegaban los enfermos con el volante de la sanidad pública y Sergio era el encargado de hacer el pedido de los inyectables a un hospital gaditano. Pero los inflaba -eso sí, con “medida”- y desviaba algunos para el tráfico ilegal.

Una actividad que desarrollaba a espaldas de la multinacional propietaria de la clínica, que ha colaborado con la Guardia Civil para esclarecer el caso e, incluso, le ha pedido consejo para prevenir acciones ilegales de este tipo en otras empresas y entidades que gestiona.

Cuando los inyectables llegaban desde el hospital a la clínica, Sergio se hacía con los que había inflado y los trasladaba hasta un almacén, donde se apilaban sin las medidas precisas para mantenerlos en la baja temperatura que los conserva en buen estado. De lo contrario, pueden provocar daños importantes.

Cuentan los investigadores que cuando un pedido se realizaba en viernes, Nicola advertía al cliente que durante el fin de semana no habría envíos para que el paquete, en el que introducían placas de frío, no quedara paralizado hasta el lunes y se estropeara la mercancía.

Sin embargo, en el registro del almacén en Cádiz, los agentes comprobaron que los casi 1.000 inyectables incautados -“EPO patanegra” al ser del circuito legal español y de la marca Eprex- no contaban con las debidas condiciones de conservación y temperatura.

No se sabe la cifra total de inyectables con los que la red ha podido traficar en toda una década, pero sí la de los últimos tres años de actividad ilícita.

Trienio en el que se distrajeron 5.300 inyectables. Si los multiplicamos por una media de entre 250 ó 300 euros, la organización pudo obtener casi 1,5 millones de euros.

El reparto de los beneficios no era equitativo y el de Cádiz cobraba menos, pero siempre en efectivo y en Barcelona, adonde se trasladaba para recibir sus honorarios.

Mientras, el serbio invertía en bitcoins (también admitía pagos en esta moneda virtual) y en sus viajes a Austria, donde vivía su madre con un carné de estudiante caducado, sacaba dinero de los cajeros poco a poco y los ingresaba en una cuenta de su progenitora.

Luego, la madre le ingresaba a él cantidades importantes, como los 300.000 euros de una ocasión.

Pese a las ganancias, Sergio no llevaba una vida ostentosa, salvo algún capricho como una buena moto. Nicola, que no tenía trabajo alguno, sí se dio el capricho de comprarse una piso por medio millón de euros en la avenida de Aragón de Barcelona mientras le estaban investigando.

Este tráfico de sustancias dopantes no está muy castigado en el Código Penal, pero a los cabecillas se les ha podido imputar otros delitos, como de pertenencia a organización criminal, blanqueo, apropiación indebida o fraude a la Seguridad Social, entre otros.

De todos modos, sí puede decirse que la Guardia Civil ha asestado un duro golpe a este tráfico ilícito, con la mayor incautación de EPO, con seis detenidos y/o investigados, con el bloqueo de más de 800.000 euros en diversas cuentas y con la aprehensión de 70.000 euros en efectivo.

Ahora, los agentes de la UCO siguen analizando la lista de los 275 “clientes” (ninguno muy famoso) y desgranando la documentación intervenida en una operación en la que ha contado con el apoyo de policías de Austria, Chipre, Francia, Italia, República Eslovaca y Reino Unido.

Y por supuesto, de las agencias españolas de Medicamentos y Productos Sanitarios y de Protección de la Salud en el Deporte, entre otros organismos.

Fuente: EFE – Fotografías facilitadas por la Guardia Civil.